Tras la legalización del aborto ha dividido la población en Argentina, pues la mitad del personal médico de unos de los principales del país se niega por completo a realizar dicha práctica.
Alegando ser fieles a sus principios éticos y religiosos, la mitad de los médicos en ejercicio de un hospital público se han negado a realizar abortos; en Enero entró en vigor dicha ley que permite el aborto hasta la semana 14 de embarazo y que luego es legal en casos de violación o riesgo de vida de la madre.
Por su parte, el municipio de Ezeiza informó que ya tienen toda la infraestructura necesaria para empezar con las prácticas, los cuales alentaron a que todas las mujeres que tienen un embarazo no deseado de menos de 14 semanas a realizarse abortos en el Hospital Zonal Alberto Antranik Eurnekian.
Dada esta política dentro del hospital, la mitad de los médicos que allí laboran expresaron su negación a interrumpir la vida de un bebé.
«Entre el servicio de Ginecología y Obstetricia, que son los que participan en estos casos, hay un 50% que se declaró objetor de conciencia. Llegado el caso en el que todos los profesionales sean objetores de ley, el hospital tiene un lapso de 10 días para derivar a la paciente a otro centro médico para que reciba la atención adecuada», dijo el Doctor Juan Ciruzzi, director del Hospital Alberto Antranik Eurnekian para el diario El Clarín.
Debido a lo expresado por el personal, solo se está tomando en cuenta para las prácticas a los que están favor; sin embargo, los que están en contra deben atender a dichos pacientes en caso de presentarse una complicación.
«Sin embargo, si existe una complicación médica en el proceso de interrupción, como una hemorragia o infección, los médicos deberán atenderla más allá de ser objetores», afirmó Ciruzzi.
El hospital llevará un protocolo único para brindar seguridad a las mujeres que deseen hacerse un aborto; lo primero será una ecografía, seguido de especificar los riesgos potenciales del proceso y finaliza con la contención y confidencialidad del asunto.
«Se hace un estudio de laboratorio para confirmar el embarazo y a partir de eso se realiza lo que se llama una consejería. Se informa al paciente cuales son las posibles complicaciones y se asegura la privacidad. Se lleva a cabo la contención, respetando la autonomía de su decisión, y a partir de ahí, si acuerda con la interrupción, se cita al paciente en un lapso de diez días», explicó Ciruzzi.
Luego de la intervención, el hospital les ofrece a las pacientes un seguimiento pos-aborto, donde se le indicarán los métodos anticonceptivos a seguir y una anticoncepción inmediata pos-evento obstétrico, lo que les permite posponer o no tener más embarazos.
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Para las menores de edad, debe ser obligatorio el consentimiento de los padres o representantes legales.
La mitad de los médicos de un hospital público clave del GBA se niega a hacer abortos https://t.co/q8xyo6roau
— Clarín (@clarincom) February 5, 2021
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